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24 de Noviembre de 2017

 
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Los infractores costearán el gasto sanitario que originen

Noticia Completa:
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de que los infractores en esta materia sean los que costeen los gastos sanitarios que causen, además de la atención que necesiten los afectados, según indicó ayer el director de este departamento, Enrique Torres Lana, tras la inauguración de las Jornadas Técnicas de Inspectores de Salud Pública.
El objetivo de esta cita, celebrada ayer en Tenerife y prevista para mañana en Gran Canaria, es debatir sobre el papel de este colectivo en las labores de control y vigilancia, que realizan los 137 inspectores con los que cuenta la Comunidad Autónoma Canaria.
Al respecto Torres Lana explicó que este personal, que depende de cada Área de Salud, comienza su tarea en los mataderos a las cuatro de la mañana, y se encarga de supervisar que se cumple toda la normativa relacionada con salud alimenticia, tabaco, residuos sanitarios, agua de consumo, calidad del agua de playas y piscinas y del aire, así como la trazabilidad de todos los productos que se comercializan.
En relación a la labor realizada por este departamento, Torres Lana explicó que, además de las inspecciones rutinarias que realiza este personal existen actuaciones puntuales, en las que se actúa con la mayor rapidez posible. Como ejemplos señaló que en el caso de que el agua de una playa no sea apta para el baño, en el margen de una hora, después de obtener la muestra ésta está cerrada, o el caso más reciente por un brote de salmonella producido por el consumo de alioli en una cafetería de Las Palmas, en un margen de dos horas y media estaban localizados todos los afectados y el origen.
Para Torres Lana es complementaria la labor que hace este departamento con la responsabilidad del ciudadano, quien -indicó- debe realizar un autocontrol, ya que los medios públicos siempre serán menores al número de locales que inspeccionar.

Infracciones. Cuando los inspectores detectan una irregularidad no siempre se establece una multa directa, ya que dependiendo de su gravedad, en ocasiones se da un plazo a los responsables para que la subsanen. En el caso de que sea necesario imponer una sanción, éstas oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, en su mayoría, aunque matizó que existen casos en los que se han puesto más de 15.000 euros, en relación a su gravedad, aunque matizó que la sanción económica sólo se aplica cuando la situación es irremediable o el daño es elevado. En materia de tabaco, explicó que en el caso de que la falta sea leve se insta a las autoridades locales a que actúen.
Los objetivos marcados para el encuentro celebrado ayer fueron proporcionar una actualización sobre diferentes asuntos de interés para los técnicos inspectores y para los servicios de la Dirección General de Salud Pública implicados; favorecer el intercambio de opiniones y experiencias entre los inspectores, funcionarios y responsables de estos servicios. Además de que estas jornadas de carácter técnico tengan continuidad para favorecer el contacto entre los diferentes servicios implicados en la vigilancia y control de aspectos relevantes dentro del ámbito de la Salud Pública.

Fuente
laopinion.es
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